Protesta frente a Casa Rosada por la ley de discapacidad
Una manifestación de organizaciones vinculadas a la discapacidad generó momentos de tensión frente a la Casa Rosada, en rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno sobre la normativa del sector.
Los manifestantes intentaron instalar una protesta visible en las inmediaciones de la sede del Ejecutivo, lo que derivó en un operativo de seguridad y situaciones de fricción.
“Nos tratan como perros”: el reclamo de los manifestantes
Durante la protesta, varios participantes expresaron su indignación por la situación que atraviesa el sector.
Entre los testimonios más duros, denunciaron que “nos tratan como perros”, reflejando el malestar por los recortes y las dificultades para acceder a prestaciones esenciales.
Los reclamos apuntan a la falta de financiamiento y a los cambios en el sistema de atención, que según denuncian afectan directamente a personas con discapacidad y a sus familias.
Tensión con las fuerzas de seguridad
El intento de avanzar con la protesta generó un despliegue de seguridad en la zona, lo que provocó momentos de tensión.
Las autoridades buscaron evitar cortes o concentraciones en puntos estratégicos, mientras que los manifestantes insistían en visibilizar su reclamo frente a la sede del Gobierno.
Este tipo de situaciones se ha repetido en los últimos meses, en un contexto de creciente conflictividad social por políticas de ajuste.
Un conflicto que viene en aumento
El reclamo por la ley de discapacidad no es nuevo. En los últimos meses, organizaciones del sector han denunciado:
recortes en prestaciones y servicios,
demoras en pagos a profesionales y centros,
y dificultades para garantizar tratamientos básicos.
Estas tensiones se intensificaron tras decisiones del Gobierno vinculadas al equilibrio fiscal, que impactaron en áreas sensibles como salud y asistencia social.
El trasfondo político y económico
El conflicto se da en el marco de la política económica del Gobierno de Javier Milei, centrada en la reducción del gasto público.
Desde el Ejecutivo sostienen que las medidas buscan ordenar las cuentas del Estado, mientras que organizaciones sociales advierten que los ajustes afectan a los sectores más vulnerables.
Reclamos por derechos y financiamiento
Las agrupaciones insisten en que la ley de discapacidad debe garantizar:
acceso a tratamientos médicos y terapias,
transporte y educación inclusiva,
y condiciones dignas para las personas con discapacidad.
En ese sentido, consideran que cualquier recorte o modificación pone en riesgo derechos básicos reconocidos por la legislación vigente.
