España sigue sin garantizar una respuesta judicial efectiva frente al abuso sexual infantil
La violencia sexual contra la infancia continúa siendo “una problemática grave y persistente” en España. Así lo refleja el último informe de Save the Children, que analizó 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024 y concluye que, pese a los avances legislativos recientes, el sistema judicial aún no ofrece una protección adecuada y especializada a las víctimas menores de edad.
La organización recuerda que se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sufrido algún tipo de violencia sexual, aunque se trata de una de las formas de violencia más invisibilizadas. “Todavía persiste la creencia social de que apenas existen casos y de que, si ocurrieran en nuestro entorno, nos daríamos cuenta”, señala el documento.
El perfil de las víctimas se concentra mayoritariamente en niñas y adolescentes (82,9%), con una edad media de inicio de los abusos de 12 años. En cuanto a los agresores, el 98% son hombres y ocho de cada diez pertenecen al entorno más cercano de la víctima, con predominio de familiares.
Justicia lenta y revictimizante
El informe subraya que el paso por los tribunales supone, en muchos casos, una segunda forma de violencia para los menores. El 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años, pero un 40,9% se prolonga más allá de ese plazo y un 12,1% llega a durar más de cinco años.
Además, Save the Children denuncia un déficit estructural en la aplicación de un enfoque basado en los derechos de la infancia. Solo 4 de las 345 sentencias revisadas hacen referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño (apenas un 0,012%), y en ninguna se menciona expresamente el principio del interés superior del menor. Para la organización, esta ausencia incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y el riesgo de revictimización.
Avances legales, pero insuficientes
La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y el Real Decreto 422/2025 permitió la creación de las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, con sede en Madrid, Barcelona y Málaga. Sin embargo, Save the Children considera que la medida resulta claramente insuficiente:
“Tres secciones con una plaza cada una para todo el país son manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes”, advierte el informe.
La ONG reclama una implementación más amplia y rápida de estas unidades judiciales para que la respuesta institucional esté a la altura de la magnitud del problema.
