Sánchez acelera para contener el desgaste ante el riesgo electoral y la fragilidad parlamentaria

Quien haya seguido con atención el pulso político de las últimas dos semanas habrá percibido un patrón claro: Pedro Sánchez ha decidido ocupar el centro del escenario. Tras el impacto por las 46 víctimas del accidente en Adamuz, el presidente del Gobierno ha intensificado su actividad política con un doble objetivo: sostener la legislatura y recuperar iniciativa frente a una coyuntura cada vez más adversa.

Dos frentes concentran ahora la mayor presión. Por un lado, las elecciones en Aragón, donde las previsiones para el PSOE se han deteriorado más de lo esperado. Pilar Alegría no solo no ha logrado mejorar las estimaciones tras dejar el Gobierno para volcarse en la campaña, sino que el riesgo de un resultado especialmente pobre se ha vuelto real. El calendario añade tensión: Castilla y León vota en apenas un mes y Andalucía lo hará dentro de cuatro, con perspectivas igualmente poco alentadoras para los socialistas.

El segundo gran foco es el llamado escudo social, convertido en un campo de batalla dentro del propio bloque de investidura. El Ejecutivo se enfrenta a la dificultad de conciliar posiciones muy alejadas entre sí, desde Junts hasta Podemos. La inclusión de la revalorización de las pensiones buscaba facilitar apoyos, pero no ha garantizado una mayoría clara. El Gobierno dispone de poco margen para cerrar acuerdos sin asumir nuevos costes políticos.

La estrategia pasa por negociaciones bilaterales: con ERC, un intento fallido de redefinir la financiación catalana; con Junts, gestos en materia de multirreincidencia; con el PNV, ajustes en la moratoria antidesahucios; con Podemos, el impulso a una regularización extraordinaria de migrantes. Sumar, socio principal de coalición, mantiene su apoyo, aunque con señales de incomodidad.

Consciente de que la debilidad parlamentaria y el desgaste electoral pueden ir de la mano, Sánchez ha optado por una hiperactividad política que busca marcar agenda y desplazar el foco. Parte de esa ofensiva se ha trasladado al plano internacional, especialmente tras el anuncio de una regularización que podría beneficiar a cientos de miles de personas y que provocó una reacción crítica de Elon Musk. El presidente aprovechó el cruce para reforzar su perfil exterior y presentar a España como país de acogida, colocándose deliberadamente en un marco de confrontación ideológica.

Las fricciones se han trasladado también al ámbito interno. El anuncio de restricciones al acceso de menores a redes sociales y el endurecimiento frente a contenidos de odio reavivaron el choque con la derecha, mientras que la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión sobre la DANA dejó más ruido político que avances sustanciales.

A esta sucesión de movimientos se suman nuevos anuncios, como un decreto para limitar los abusos en la FP privada y mensajes dirigidos a gobiernos autonómicos del PP, que elevan el tono de la confrontación territorial.

El resultado es un clima que recuerda, cada vez más, a un escenario preelectoral generalizado. Aragón, Castilla y León y Andalucía son solo las primeras estaciones de un ciclo que amenaza con agravar las tensiones internas del PSOE y poner a prueba la estabilidad del Gobierno. El Ejecutivo acelera para fijar posición, ganar tiempo y contener daños. Si logra revertir la dinámica o solo pospone un desenlace más complejo, es todavía una incógnita.