La regularización que amplió la base laboral y disparó las cotizaciones

En menos de un trimestre, el mercado laboral español incorporó de golpe a cientos de miles de trabajadores que hasta entonces estaban fuera del sistema. El resultado fue un salto inmediato en la afiliación a la Seguridad Social y un aumento notable de la recaudación, concentrado en determinadas provincias y sectores económicos.

El efecto estadístico fue claro: la proporción de trabajadores extranjeros registrados pasó del 6% al 9% del total de la fuerza laboral en apenas tres meses, con incrementos especialmente intensos en territorios como Madrid, Baleares, Alicante, Málaga o Girona.

El impacto fiscal de esa incorporación masiva quedó reflejado en las cotizaciones sociales. Según un estudio académico basado en registros administrativos y encuestas laborales, cada trabajador regularizado generó una aportación media de 3.504 euros al sistema. La cifra permite dimensionar el alcance económico de una medida que transformó, de forma abrupta, la base de cotizantes.

El aumento de ingresos no fue homogéneo. En las provincias con mayor presencia de trabajadores extranjeros, la recaudación vinculada a las nóminas creció el doble que en aquellas con menor inmigración. Sectores como el servicio doméstico, donde la informalidad era especialmente elevada, llegaron a duplicar los ingresos por cotizaciones en el primer año posterior a la regularización.

Sin embargo, el estudio advierte que el efecto no puede leerse únicamente en términos de recaudación. La entrada masiva de nuevos cotizantes se concentró en empleos de baja remuneración y generó tensiones en los segmentos laborales menos cualificados. Parte de los trabajadores tanto nativos como inmigrantes perdió su empleo, mientras que los perfiles con mayor formación se beneficiaron de mejores oportunidades laborales y salariales.

Además, la regularización provocó movimientos internos: muchos trabajadores extranjeros se desplazaron desde las zonas con mayor presión laboral hacia regiones con menor competencia, reconfigurando el mapa del empleo inmigrante en el país.

Al ajustar los cálculos para tener en cuenta estos desplazamientos y las diferencias salariales, los investigadores estiman que la contribución real por migrante legalizado fue incluso mayor que la cifra inicial, superando los 4.000 euros. El dato sugiere que integrar formalmente a trabajadores que ya estaban presentes en la economía puede generar beneficios fiscales más amplios de lo que indican los registros inmediatos.