Reforma Migratoria en Argentina: Un Debate Recurrente con Nuevas Propuestas
La política migratoria en Argentina vuelve al centro del debate con la reciente propuesta del gobierno de Javier Milei para reformar la Ley de Migraciones. Esta iniciativa recuerda al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 implementado por Mauricio Macri y posteriormente derogado por Alberto Fernández en 2021.
Antecedentes: El DNU 70/2017 y su Derogación
En 2017, el gobierno de Mauricio Macri introdujo el DNU 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y restringir su ingreso al país. Sin embargo, esta medida fue criticada por organismos de derechos humanos y declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En 2021, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto, restableciendo la versión original de la ley y ordenando la creación de una comisión asesora para nuevas políticas migratorias.
La Nueva Propuesta del Gobierno de Javier Milei
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una nueva reforma migratoria que busca endurecer los controles de ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Entre las medidas propuestas se incluyen:
Denegar el ingreso a personas con antecedentes penales.
Establecer la expulsión de extranjeros que cometan cualquier delito con pena privativa de libertad, sin importar su magnitud.
Reducir los plazos de apelación administrativa y judicial en los procesos de expulsión.
Permitir la expulsión inmediata de personas que ingresen al país por pasos no habilitados en situación de flagrancia.
Exigir dos años de residencia continua y efectiva en el país para obtener la ciudadanía.
Críticas y Consideraciones Legales
Expertos en derecho migratorio señalan que muchas de las medidas propuestas ya están contempladas en la legislación vigente. Por ejemplo, el artículo 29 de la Ley de Migraciones establece que los extranjeros con antecedentes penales pueden ser impedidos de ingresar al país. Además, ingresar por pasos no habilitados ya se considera una infracción que puede derivar en la expulsión del país. Las demoras en los procesos de expulsión suelen deberse a plazos judiciales y trabas administrativas, no a la falta de legislación.
