El acuerdo político para retirar la libertad anticipada
Díaz confirmó que el Poder Ejecutivo y los senadores del Frente Amplio acordaron eliminar el artículo “tal como estaba redactado” del proyecto de ley.
La medida implica que uno de los puntos más discutidos de la reforma quedará fuera, al menos en su versión original, mientras continúa la discusión en el Parlamento.
El jerarca aclaró que la decisión no significa abandonar el tema, sino abrir la puerta a una redacción alternativa que logre mayor consenso político.
Qué planteaba la reforma original
El artículo retirado proponía ampliar el acceso a la libertad anticipada para personas privadas de libertad. En concreto, permitía solicitar este beneficio:
- Tras cumplir dos tercios de la pena en delitos comunes
- O tres cuartas partes en delitos graves
Además, buscaba incluir casos actualmente excluidos del régimen, lo que generó fuertes críticas desde la oposición y parte de la opinión pública.
Por qué el gobierno dio marcha atrás
El cambio de postura responde a la polémica generada en torno a la medida. Sectores políticos cuestionaron que la reforma podría implicar la liberación anticipada de reclusos en delitos graves.
Ante este escenario, el Ejecutivo optó por negociar con su bancada para evitar un bloqueo legislativo y mantener el avance del resto de la reforma.
Díaz explicó que el objetivo original era resolver “problemas prácticos” del sistema, como situaciones de condenas consideradas desproporcionadas en ciertos casos.
El debate sigue: búsqueda de consenso
A pesar de retirar el artículo, el gobierno no descarta retomar el tema con modificaciones.
Díaz expresó que existe la intención de encontrar “fórmulas de consenso” que permitan abordar las situaciones que la redacción original intentaba solucionar.
Esto deja abierta la posibilidad de que la libertad anticipada vuelva a discutirse en el Parlamento bajo nuevos términos.
Un tema sensible en la política uruguaya
La libertad anticipada es uno de los puntos más delicados en materia de seguridad y justicia en Uruguay. Cualquier cambio en este régimen genera fuerte debate político y social.
En este contexto, la reforma del CPP se ha convertido en uno de los proyectos más relevantes del gobierno, con implicancias directas en el sistema penal y la política de seguridad.
