El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mantiene este lunes dos reuniones en Torre Ejecutiva centradas en la seguridad pública. Primero encabezará un encuentro del gabinete de seguridad para analizar el Plan Nacional de Seguridad, y posteriormente recibirá un documento con propuestas para reformar el Código del Proceso Penal (CPP).
Ambas instancias forman parte de la agenda del gobierno para abordar uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: la criminalidad.
Reunión del gabinete por el Plan Nacional de Seguridad
La primera reunión está prevista para el mediodía y contará con la participación del gabinete de seguridad, donde el ministro del Interior, Carlos Negro, presentará internamente los avances del Plan Nacional de Seguridad.
El proyecto incluye siete ejes temáticos y más de 100 medidas orientadas a combatir la delincuencia y fortalecer las políticas de prevención y control del delito.
La intención del gobierno es realizar la presentación pública del plan hacia finales de marzo, luego de estas instancias de análisis interno.
Debate político por los plazos del plan
El cronograma de presentación del plan ha generado cuestionamientos desde la oposición, que considera que el gobierno ha demorado en dar a conocer las medidas concretas para enfrentar la inseguridad.
Desde el Ejecutivo sostienen que el documento requiere coordinación entre varios ministerios y que el objetivo es construir una estrategia integral a mediano y largo plazo.
Documento sobre la reforma del Código del Proceso Penal
La agenda del presidente también incluye una reunión con un grupo asesor técnico que entregará un informe con propuestas para modificar el Código del Proceso Penal, vigente desde 2017 bajo un sistema acusatorio.
Entre las ideas analizadas se encuentran cambios en los mecanismos procesales para delitos menores y la ampliación del acceso a pruebas durante las investigaciones, lo que podría equilibrar el rol de fiscales y defensores en el proceso judicial.
Seguridad y justicia en el centro de la agenda
El gobierno de Orsi ha planteado que la seguridad pública será una de las prioridades de su gestión. Dentro de esa estrategia se incluyen medidas policiales, reformas institucionales y cambios legislativos en el sistema penal.
La discusión sobre el CPP y el nuevo plan de seguridad forman parte de un debate más amplio sobre cómo mejorar la respuesta del Estado frente al delito y fortalecer el funcionamiento de la justicia penal en Uruguay.
