El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, decidió no enviar la venia al Parlamento para designar a la fiscal de Corte, en respuesta al pedido de la oposición. El mandatario fue enfático al señalar que la situación no se resuelve mediante un trámite formal.
“No se arregla con un papel y mucho menos con un manoseo”, afirmó, marcando su postura frente a la propuesta de la coalición republicana.
El pedido de la oposición
La coalición republicana había solicitado formalmente al Poder Ejecutivo que enviara la venia para confirmar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte.
En una carta dirigida al presidente, los legisladores destacaron su trayectoria y su rol en la lucha contra el crimen organizado, respaldando su continuidad en el cargo.
La respuesta de Orsi
Orsi rechazó avanzar con esa solicitud y dejó en claro que no tomará una decisión de este tipo sin un acuerdo político más amplio.
El mandatario sostuvo que no se trata de un simple trámite administrativo, sino de una definición institucional que requiere consenso entre los partidos.
Además, evitó exponer a la fiscal a una situación de desgaste político, al considerar inapropiado enviar su nombre sin garantías de respaldo.
Falta de acuerdo político
El nombramiento del fiscal de Corte en Uruguay requiere la aprobación del Senado, lo que obliga a alcanzar mayorías especiales y acuerdos entre oficialismo y oposición.
En este contexto, la falta de consenso ha trabado la designación definitiva, manteniendo el tema como uno de los principales focos de tensión política.
Un tema que sigue generando tensión
La postura del presidente profundiza el desacuerdo con la oposición, que busca acelerar la designación.
Mientras tanto, el futuro de la Fiscalía General de la Nación continúa sin definición clara, en medio de negociaciones políticas que aún no logran destrabar la situación.
