La criminalidad vinculada a obras de construcción se ha convertido en un factor que impacta de lleno en el coste y los plazos de la vivienda en España

 

Lejos de tratarse de incidentes aislados, el problema se ha extendido en los últimos meses hasta afectar la actividad del sector. Así lo indica el Informe sobre el crimen 2025 de BauWatch, que revela que seis de cada diez constructoras perciben un aumento de los delitos en sus obras, y que una de cada cinco lo considera especialmente grave.

Las consecuencias económicas son evidentes: el 39% de los proyectos activos en el país han sufrido retrasos debido a robos, daños o actos vandálicos. Estos parones elevan los costes de ejecución, tanto en promociones residenciales como en infraestructuras energéticas o de transporte. Una situación que, en un mercado ya presionado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de materiales, termina repercutiendo directamente en el precio que pagan los ciudadanos.

El informe se basa en una encuesta realizada a 3.900 profesionales de diez países europeos. En esa comparación, España aparece en una zona intermedia: su incremento de incidentes es menor que el observado en Austria o Francia, pero más elevado que el registrado en Italia o Polonia. Sin embargo, la tendencia que más preocupa no es la frecuencia, sino la creciente profesionalización de los grupos delictivos. El 75% de las empresas españolas identifica a los autores como personas con planificación y conocimientos específicos para sustraer materiales o sabotear obras.

Las extorsiones también forman parte del problema. El 43% de las compañías afirma haber recibido amenazas o solicitudes de pago para “garantizar seguridad” en las obras, y un 16% reconoce que terminó abonando esas sumas para evitar daños mayores.

Los materiales más codiciados en España son los que resultan fáciles de revender y difíciles de rastrear: cobre (62%), herramientas pequeñas (54%) y cableado eléctrico (53%). En el caso del sector energético, el impacto es aún más profundo. Parques solares y eólicos se han convertido en objetivo frecuente: el 77% de los proyectos ha registrado robos y el 62% actos vandálicos, provocando demoras que, en muchos casos, superan el mes. Esto ralentiza la puesta en servicio de instalaciones renovables y retrasa la integración de energía limpia a la red.

Además, no solo se trata de pérdidas materiales: el 56% de las empresas ha tenido que reponer equipos robados o destruidos; un 20% de trabajadores ha tenido que costear herramientas de su bolsillo y un 12% ha perdido jornadas laborales debido a incidentes de seguridad. La productividad, en consecuencia, cae, y los presupuestos se disparan.

El estudio advierte también sobre métodos delictivos cada vez más sofisticados. El 59% de las constructoras detecta tácticas avanzadas que incluyen pirateo de cámaras, falsificación digital de accesos, uso de drones para vigilar obras e incluso estafas asistidas por inteligencia artificial. Casi cuatro de cada diez empresas señala que detrás de estas acciones hay redes organizadas.

Ante este panorama, las medidas tradicionales —vallas y vigilancia presencial— se muestran insuficientes. BauWatch recomienda combinar recursos humanos con sistemas tecnológicos de detección temprana, vigilancia inteligente y formación específica para el personal, con el fin de reducir los riesgos y sostener el avance de los proyectos.

En definitiva, la delincuencia en las obras no solo encarece materiales o retrasa plazos: termina afectando a la competitividad del sector, a la disponibilidad de vivienda y, en última instancia, al bolsillo del ciudadano. Su abordaje requiere una respuesta rápida y coordinada para evitar un problema que, de seguir creciendo, tendrá consecuencias estructurales en la economía española.