Qué ocurrió en Maroñas
El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando vecinos encontraron sin vida a un hombre que se encontraba en situación de calle dentro de una carpa instalada en Flor de Maroñas.
Posteriormente, el director del Sinae, Leandro Palomeque, explicó que la persona fallecida “no fue abordada por los sistemas ni por toda la estructura del Estado” desplegada durante el operativo especial por bajas temperaturas.
El caso generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición y reabrió la discusión sobre la capacidad estatal para asistir a todas las personas vulnerables durante episodios climáticos extremos.
Gonzalo Civila respondió a las críticas
Este lunes, Gonzalo Civila respondió públicamente a los cuestionamientos y sostuvo que “el gobierno dio la cara” a través de la actuación coordinada del Sinae y distintos organismos estatales.
“El Estado uruguayo tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser solamente del Mides y pase a ser un tema de todo el Estado”, afirmó el ministro durante una rueda de prensa.
El jerarca también respaldó el trabajo realizado por Leandro Palomeque y aseguró que el operativo fue desarrollado con el apoyo de todo el equipo de gobierno.
Qué dijo Civila sobre la persona fallecida
Según explicó el ministro, el hombre fallecido no mantenía contacto con redes de protección social desde 2021 y anteriormente había tenido un vínculo “esporádico” con el sistema estatal entre 2020 y 2021.
Civila remarcó además que detrás de cada situación de calle existen trayectorias personales complejas y sostuvo que el Estado debe continuar reforzando los mecanismos de búsqueda y asistencia.
“Son personas con nombres y apellidos, con trayectorias difíciles”, expresó el titular del Mides.
Las críticas de la oposición
Desde la oposición surgieron cuestionamientos hacia el gobierno y particularmente hacia el Ministerio de Desarrollo Social por la gestión del operativo durante la alerta roja.
El senador nacionalista Javier García sostuvo que “el gobierno se escondió” y criticó la ausencia de Civila en una conferencia de prensa brindada el sábado luego de conocerse el fallecimiento.
Además, dirigentes opositores remarcaron que no es la primera vez que ocurre una muerte de una persona en situación de calle durante episodios de frío intenso y reclamaron mayores explicaciones sobre el funcionamiento de los protocolos de emergencia.
El operativo del gobierno durante la alerta roja
Durante su intervención pública, Civila defendió el aumento de recursos destinados a la atención de personas en situación de calle.
Según explicó, el sistema pasó de contar con unos 5.000 cupos en refugios a cerca de 9.000 plazas disponibles y fortaleció significativamente los equipos de captación en Montevideo.
El ministro indicó además que actualmente el operativo atiende a unas 3.500 personas en todo el país, de las cuales más de 3.000 son alojadas en refugios del Mides.
También reconoció que el Estado aún enfrenta dificultades para llegar a todas las personas vulnerables que permanecen fuera del sistema de asistencia.
El debate sobre la situación de calle en Uruguay
La muerte ocurrida en Maroñas volvió a poner sobre la mesa el problema estructural de la situación de calle en Uruguay y las limitaciones de los sistemas de asistencia social frente a contextos de extrema vulnerabilidad.
En los últimos años, distintos gobiernos debieron enfrentar críticas por fallecimientos registrados durante olas de frío, especialmente en Montevideo y otras zonas urbanas.
Mientras tanto, organizaciones sociales y especialistas continúan reclamando políticas integrales de salud mental, vivienda y acompañamiento social para reducir el crecimiento de personas viviendo en la calle.
Un caso que generó fuerte impacto político y social
La muerte del hombre en Flor de Maroñas tuvo amplia repercusión pública y derivó en un nuevo enfrentamiento político entre oficialismo y oposición sobre la gestión social y los operativos de emergencia.
Mientras el gobierno defendió el trabajo desplegado durante la alerta roja, sectores opositores insistieron en que el caso evidencia fallas estructurales en la capacidad estatal de protección hacia personas en situación de extrema vulnerabilidad.
