El exdirigente político Íñigo Errejón acudió este viernes a los juzgados de Madrid para ratificar la querella que presentó contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias. El caso se enmarca en el contexto del proceso judicial previo por una denuncia de agresión sexual.
“Poner límite a las difamaciones”
A su llegada al juzgado, Errejón aseguró que su objetivo es “poner límite a las difamaciones y calumnias” vertidas en su contra.
La querella se centra en declaraciones públicas de Mouliaá, quien lo acusó de haber presionado o extorsionado a testigos en el marco del proceso judicial anterior.
El exdiputado sostiene que dichas afirmaciones son falsas y que dañan su reputación.
Un caso vinculado a la denuncia por agresión sexual
La disputa judicial entre ambos tiene su origen en la denuncia presentada por la actriz en 2024 por una presunta agresión sexual ocurrida en 2021.
En ese proceso, la Fiscalía ha solicitado el archivo al considerar que los hechos no constituyen delito, mientras que el juez decidió seguir adelante con el procedimiento al apreciar indicios.
Además, una segunda denuncia similar fue archivada tras no ser ratificada por la denunciante.
Suspensión de la comparecencia
La comparecencia prevista en el juzgado no pudo completarse con normalidad debido a la ausencia de Mouliaá y su abogado.
La defensa de la actriz alegó primero una baja médica y posteriormente una intervención quirúrgica del letrado, lo que llevó al juez a aplazar la sesión.
El procedimiento quedó reprogramado para el 24 de abril, fecha en la que se retomará la causa.
Cruce de versiones y estrategia judicial
Errejón sostiene que existen pruebas y testimonios que contradicen la versión de la actriz, mientras que su defensa ha recopilado mensajes en redes sociales para sustentar la querella por calumnias.
Por su parte, la actriz mantiene sus acusaciones, lo que ha derivado en un complejo entramado judicial con causas cruzadas entre ambas partes.
Un caso con impacto político y mediático
El enfrentamiento judicial entre Errejón y Mouliaá ha tenido una fuerte repercusión mediática y política en España.
Más allá del resultado judicial, el caso reabre el debate sobre la gestión de denuncias públicas, la reputación y los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor en el ámbito político.
