El Gobierno avanza en las últimas correcciones del proyecto de reforma del Código Penal

 

Con el impulso de la nueva correlación de fuerzas legislativas, en la Casa Rosada predomina el optimismo de cara a uno de los ejes centrales del segundo tramo de gestión.

Cada jueves, el equipo legal encabezado por el asesor presidencial Santiago Caputo se reúne en el Salón Martín Fierro para pulir el texto final. Participan también la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el penalista Fernando Soto. El objetivo es modernizar un Código Penal vigente desde 1921, al que buscan dotar de mayor claridad, dinamismo y límites más estrictos para reducir márgenes de discrecionalidad judicial.

Fuentes oficiales adelantaron que el proyecto superará los 900 artículos y que apuntará a reforzar la política criminal mediante una actualización de las penas para delitos graves: homicidios, robos, narcotráfico, trata de personas y pornografía infantil, entre otros. La intención del Ejecutivo es que la iniciativa ingrese por Diputados durante el período extraordinario de diciembre y que su discusión continúe en febrero.

Bullrich defendió públicamente la orientación del texto, centrada en acortar tiempos judiciales y asegurar que las condenas se cumplan de manera efectiva. “La sociedad necesita penas ajustadas a la gravedad del delito y una justicia que llegue a tiempo”, afirmó.

La reforma prevé que el 82% de los delitos contemplen cumplimiento efectivo de las penas, junto con la elevación de los mínimos en función del daño producido. También se analiza incorporar nuevos agravantes vinculados a la edad o profesión de la víctima y establecer la prisión perpetua para casos de magnicidio. En contraste, finalmente quedó descartada la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, algo que el oficialismo consideró jurídicamente inviable en esta instancia.

Uno de los puntos más sensibles del borrador es la figura de femicidio. Aunque el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había sugerido que podría eliminarse, el Gobierno decidió no avanzar en ese sentido para evitar que el debate complique la aprobación del conjunto de la reforma. “Sacar la figura sería un error político y pondría en riesgo una revisión integral que consideramos necesaria”, explicó un funcionario del área.

Pese a ello, la propuesta incorporará nuevas herramientas para abordar la violencia de género, como la penalización del ciberacoso y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. También se estudian nuevas tipificaciones para proteger a personas en situación de vulnerabilidad dentro del ámbito familiar.

En el oficialismo sintetizan su enfoque con un mensaje contundente: terminar con lo que definen como un sistema “tolerante con los delincuentes”. “Este Código está pensado para las víctimas y para quienes respetan la ley. El que comete un delito deberá asumir las consecuencias”, remarcaron desde el equipo técnico.