Esta semana arranca uno de los juicios más mediáticos y esperados de los últimos años en España
Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado en activo se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de revelación de secretos. La acusación pide entre cuatro y seis años de prisión para Álvaro García Ortiz.
Durante dos semanas, el tribunal evaluará pruebas y testimonios que determinarán la culpabilidad o inocencia del fiscal. Las sesiones se celebrarán durante siete días, con turnos a las 10:00 y a las 15:30, y se espera la presencia de más de 200 periodistas acreditados y hasta 50 personas del público por jornada. A diferencia de otros procesos de alto perfil, este juicio no será retransmitido ni en directo ni en diferido. Entre los medios acreditados se encuentran dos internacionales —AFP y Reuters— y 57 nacionales, incluidos periódicos, radios, televisiones, digitales y agencias de noticias.
Un total de 40 testigos comparecerán ante el tribunal, entre ellos figuras vinculadas a la política y la comunicación: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña; Francesc Vallés Vives, responsable de comunicación de Moncloa; así como altos cargos de la Fiscalía, como Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y responsables de gabinetes de la Fiscalía General del Estado. Además, declararán periodistas de medios como El País, Cadena SER, elDiario.es y Libertad Digital, quienes aportarán contexto sobre la difusión de los correos que originaron la causa.
El caso se remonta a principios de 2024, cuando un abogado denunció que Alberto González Amador había cometido fraude fiscal, y este se ofreció a admitir los hechos. El fiscal instructor comenzó a gestionar la causa, que rápidamente cobró relevancia mediática debido a la implicación de personas cercanas al poder político.
La acusación sostiene que García Ortiz, en su rol de Fiscal General, habría facilitado la obtención de correos internos entre la Fiscalía y el abogado implicado, que contenían la confesión de los delitos fiscales, y los habría difundido a periodistas antes de que el procedimiento estuviera formalmente cerrado. Además, apunta que presionó a subordinados para asegurar la entrega de estos correos, y que borró mensajes de sus dispositivos electrónicos, lo que se interpreta como un intento de obstaculizar la investigación.
La defensa, por su parte, niega cualquier conducta delictiva. Sostiene que García Ortiz actuó dentro de sus competencias institucionales y que la gestión de los correos se realizó siguiendo los protocolos internos de seguridad. La Fiscalía respalda esta versión, afirmando que no hay pruebas que acrediten la participación directa del fiscal en la filtración.
Las acusaciones populares solicitan distintas penas:
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en concurso con prevaricación.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) solicita 4 años de prisión, suspensión del cargo durante 3 años, inhabilitación especial como Fiscal General del Estado y una multa de 81.000 euros.
Manos Limpias reclama 4 años de cárcel, suspensión del cargo durante 3 años y una multa de 216.000 euros.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa pide 4 años de prisión y sanciones adicionales por revelación de secretos y prevaricación.
Alberto González Amador, como acusación particular, solicita 4 años de cárcel, multa de 108.000 euros, suspensión del cargo durante 3 años, inhabilitación especial y una indemnización de 300.000 euros por daños morales.
