Grabó secuestros, torturas y mutilaciones
Según estableció la Fiscalía, uno de los episodios ocurrió en octubre de 2024, cuando una persona fue secuestrada y sometida a horas de violencia extrema.
Durante el cautiverio, la víctima sufrió:
- Golpizas severas
- Mutilaciones
- Un disparo en una pierna
- Fractura de fémur y lesiones internas graves
La investigación determinó que el adolescente utilizó su celular para grabar parte de las agresiones mientras insultaba y amenazaba a la víctima.
Ese material audiovisual fue clave para identificar a los involucrados y reconstruir lo sucedido.
El ataque armado frente a una niña de dos años
El segundo hecho ocurrió en enero de 2025 y tuvo consecuencias aún más dramáticas.
La Justicia concluyó que el adolescente trasladó en moto a un sicario que abrió fuego contra un hombre que estaba junto a su hija de dos años.
Como resultado del ataque:
- El hombre murió en el lugar
- La niña sufrió heridas gravísimas
- La menor permaneció internada durante semanas
Además, la investigación señaló que el condenado realizó tareas de vigilancia previas al atentado.
La condena máxima para menores infractores
La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo logró que la Justicia aplicara la máxima medida socioeducativa prevista para menores: diez años de internación en el Inisa.
El adolescente fue declarado responsable de:
- Privación de libertad especialmente agravada
- Lesiones graves agravadas
- Homicidio especialmente agravado
- Tentativa de homicidio
- Tráfico de armas de fuego
El juez consideró que la gravedad de los hechos y el nivel de violencia justificaban la máxima sanción posible.
La defensa pidió la absolución
Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar la investigación y pidió la absolución del adolescente.
Sin embargo, el magistrado sostuvo que las pruebas presentadas por Fiscalía eran “suficientes y contundentes”, destacando especialmente la evidencia audiovisual y científica.
Violencia criminal y preocupación social
El caso vuelve a poner en el centro del debate el crecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado y la participación de menores en delitos extremadamente graves.
Las autoridades investigan además posibles conexiones con grupos criminales y redes de tráfico de armas.
