Once campesinos del municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia, han sido imputados por la Fiscalía General de la Nación bajo cargos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Estas acusaciones surgen tras su participación en protestas pacíficas contra el proyecto minero Quebradona, liderado por la multinacional AngloGold Ashanti. Los implicados, entre ellos Porfirio Garcés, de 85 años, defienden su derecho a la protesta en defensa del agua y el territorio.
Organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación han denunciado que estas acciones judiciales constituyen una criminalización de la protesta social. Señalan que la Fiscalía y la Procuraduría han solicitado medidas de aseguramiento domiciliario para los acusados, lo que consideran una vulneración al derecho a un juicio justo.
La comunidad de Jericó ha manifestado su preocupación por las actividades de exploración minera en la región, alegando que estas afectan negativamente al medio ambiente y a las fuentes hídricas. En abril, se denunció la instalación clandestina de una plataforma de perforación por parte de AngloGold Ashanti en la vereda La Soledad, lo que generó tensiones con los habitantes locales.
El presidente Gustavo Petro expresó su apoyo a los campesinos, reafirmando la prioridad del agua y el alimento sobre los intereses mineros. La audiencia de imputación continuará el 26 de mayo, y se espera que más líderes campesinos sean investigados.
Este caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones legales por el tratamiento judicial de una protesta social en defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la región.
