La demanda: acusaciones de difamación
Bolaños sostiene que las declaraciones del empresario son “falsedades” difundidas sin pruebas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
El ministro considera que estas afirmaciones buscan vincularlo con hechos con los que asegura no tener ninguna relación, afectando directamente a su reputación pública.
Reclamo económico y rectificación
En la demanda presentada ante un juzgado de Madrid, Bolaños solicita:
- Una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios
- La rectificación pública de las acusaciones
- El cese de declaraciones similares en medios y redes sociales
Además, pide que el empresario se abstenga de repetir este tipo de afirmaciones en el futuro.
Bolaños niega cualquier relación con Aldama
El ministro ha sido tajante al rechazar las acusaciones. Asegura que:
- No conoce personalmente a Aldama
- Nunca ha hablado con él
- No ha tenido ningún tipo de contacto
“No he hablado con él en mi vida”, afirmó, calificando las acusaciones como “mentiras” y “difamaciones”.
El origen del conflicto: el caso mascarillas
Las acusaciones de Aldama se enmarcan en el denominado caso mascarillas, una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
El empresario, considerado uno de los principales implicados en la trama, afirmó que Bolaños habría intentado “comprar su silencio”, algo que el ministro niega rotundamente.
Contradicciones en el relato de Aldama
La defensa de Bolaños subraya inconsistencias en las declaraciones del empresario.
Entre ellas, destaca que Aldama llegó a afirmar anteriormente que no conocía al ministro, lo que debilita la credibilidad de sus acusaciones según el entorno del Gobierno.
También se cuestiona que la única supuesta prueba presentada sea una fotografía en un evento en el que ni siquiera aparece el empresario.
Un nuevo frente judicial y político
La demanda abre un nuevo capítulo en el contexto del caso mascarillas, que ya genera una fuerte tensión política en España.
Mientras la oposición exige explicaciones por las investigaciones en curso, el Gobierno defiende que las acusaciones carecen de fundamento y deben resolverse en los tribunales.
